Cumbre de Inversiones para Puerto Rico discute cómo sacar provecho de la tragedia humana

por Alvaro Correa

Organizada en 2013 con el objetivo de afrontar la crisis de deuda del “Estado Asociado”, impulsada por una legislación impositiva favorable que buscaba atraer inversiones, la Cumbre de Inversiones para Puerto Rico sesionó la semana pasada, ajena a los cientos de miles de puertorriqueños que perdieron sus viviendas y trabajos, la aún desconocida cifra de muertos por la tormenta, y los 100.000 que se vieron forzados a buscar refugio en distintos puntos de Estados Unidos. Los participantes acudieron a la cumbre como una oportunidad para discutir cómo sacar provecho de esta tragedia humana y proteger sus inversiones especulativas de las tasas e impuestos implementados por el gobierno yanqui (Trump, lo máximo que hizo fue arrojarles papel higiénico a la distancia, en lanzamientos basquetbolísticos).

Este es ciertamente el caso de los especuladores de siempre que activamente buscan edificios en la zona histórica de la vieja San Juan, capital de la isla. El gobernador Ricardo Rosselló expresó claramente que brindará apoyo absoluto a los individuos multimillonarios que transformarán a Puerto Rico en un paraíso fiscal para el negocio inmobiliario y cualquier otra actividad de la que necesiten lavar dinero. A la cita asistieron 40 representantes de la elite financiera global, ejecutivos de seguros, especuladores inmobiliaros, directores de “fondos buitre”, miembros de la Agencia Fiscal de Puerto Rico y figuras gubernamentales.

El secretario de desarrollo económico y comercio, Manuel Laboy Rivera, publicó un artículo donde celebra que “más de 1.000 nuevos inversores ya se relocalizaron en Puerto Rico y se están beneficiando de los recientes cambios en las políticas fiscales, habiendo depositado 500 millones de dólares en activos en Puerto Rico, generando dos y ½ empleos por inversor. A todos los inversores, fondos buitres y lavadores de dinero del mundo invitamos a que aprendan más sobre las únicas oportunidades de negocio que ofrece Puerto Rico, y el modo en que podrán ser parte del futuro brillante de la isla”.

Laboy prometió también una rápida recuperación económica a partir de su plan de convertir el territorio en un sofisticado “paraíso fiscal”, ya que le permitirá a los evasores y delincuentes de cuello blanco lavar sus conciencias creyendo que reparan en algo la tragedia vivida por millones de boricuas. Brenda González, la presidenta de la Cumbre, describió puntualmente los temas que se trataron, como promover la energía renovable y las tecnologías que manejan la transacción de monedas encriptadas.

Sustentada en la visión de que la devastación salvaje ocasionada por el huracán María ha devenido en una fuente de oportunidades de negocio, González declaró: “Al final, ha sido muy interesante porque fuimos capaces de trabajar en nuevas perspectivas que no estaban contempladas a principios del año pasado”.

En su alocución, José Carrión III, un magnate del sector de Seguros y presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, manifestó en forma cristalina que la intención de la Junta es forzar a Puerto Rico a pagar una parte razonable y sustancial de su deuda fiscal de 70 billones de dólares, y pasivos adicionales de pensiones no financiadas por un monto de 50 billones de la misma moneda.

Carrión hizo referencia a la aprobación de un giro de fondos por $17 billones como rescate para la reconstrucción de la isla –lo que representa una pitanza comparados con los $95 billones presupuestados por los municipios-, y advirtió que Puerto Rico no podrá liberarse de los pagos de deuda, ni puede esperar que el gobierno federal resolverá sus problemas más acuciantes. Entre ellos cabe mencionar la destrucción de carreteras y caminos, puentes, alcantarillas, sistemas de distribución de agua y electricidad, la ruina de 75.000 viviendas y severos daños en otras 300.000. Para resucitar la economía Carrión también demandó una draconiana reforma laboral, la eliminación de prestaciones sociales básicas, y continuar con los recortes de impuestos y subsidios a las grandes corporaciones: “Estamos advertidos de que algunas reformas no son políticamente digeribles” –declaró con total sinceridad.

En verdad, su Junta de Supervisión ha ampliado sus poderes para imponer unilateralmente varias de sus “reformas”. Entre sus atribuciones, la Junta tiene el derecho de privatizar activos del gobierno y servicios públicos, como la electricidad, aeropuertos, edificios y caminos públicos. Sencillamente, la Junta que dirige el magnate tiene la potestad de hacer lo que le apetezca, sin importar aspectos ambientales o cualquier otro tipo de impacto, como se evidencia en la reciente decisión de construir la planta de incineración de Arecibo, a pesar de la oposición del gobernador Rosselló.

Mientras las elites del mundo de las finanzas se reúnen, se frotan las manos y se relamen sobre los despojos y cadáveres de la isla, la crisis energética ha alcanzado una gravedad inusitada. La Junta de Carrión anunció que la PREPA (la Autoridad de Energía Eléctrica) afronta un cierre de sus operaciones por falta de fondos y debió apelar a un préstamo de $300 millones para sobrevivir hasta el mes de marzo. Ernesto Sgroi, presidente de PREPA informó que en la situación actual, no tienen otra opción que comenzar a implementar un plan de emergencia: “La falta de fondos exacerbará las dificultades para la provisión de agua potable, energía para procedimientos médicos, comunicaciones y la apertura de escuelas, que están en riesgo de desaparecer”.

El gobierno anunció que habrá más reducciones en el servicio eléctrico en la medida que se vayan agotando los fondos. “Estamos ante una situación urgente. Si deja de haber energía, si no hay capacidad para comprar combustible, estamos ante una crisis humanitaria” –apuntó Rosselló ante el Congreso de Estados Unidos. La producción de electricidad ha descendido a niveles mínimos, y los apagones y caídas de tensión son permanentes. Cinco meses después de que María destruyó el sistema eléctrico de la isla, 400.000 puertorriqueños continúan sin luz.

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