Activistas colombianos al borde del exterminio

Enrique Fernández no puede recordar la última noche en que durmió tranquilo. Es alto y pesado, no parece alguien que se atemoriza fácilmente, pero cuando se siente en su humilde casa de alquiler en el occidente colombiano sus ojos oscilan de izquierda a derecha nerviosamente sondeando cualquier amenaza. Cualquier momento puede ser el último para él. Cuando un joven vendedor de helado se acerca a la puerta de la casa Fernández corre ansiosamente a la puerta de atrás, convencido de que el joven ayuda a quienes quieren atentar contra su vida.
No es paranoia. Fernández es un líder de la tribu indígena Nasa y defensor del medio ambiente a cuya cabeza le pusieron precio las bandas paramilitares amigas del gobierno de Duque, que siguen asesinando impunemente a los defensores de los campesinos e indígenas saqueados y ultrajados desde la fundación del país. En febrero dejaron una bomba afuera de la casa de sus padres. El explosivo fue desarmado pero el mensaje fue claro: Enrique se tuvo que mudar. En septiembre recibió una avalancha de llamados telefónicos y mensajes de texto del siguiente calibre: “No descansaremos hasta dejar Colombia libre de comunistas como vos” o “Condolencias a tu familia”.
Aquí las amenazas no se hacen en vano: desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en Colombia ya ultimaron a balazos (y otras muertes cruentas) a 311 activistas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, encargados de “implementar la paz” in situ. El ritmo de muertes no cambió con la asunción a la presidencia del uribista Iván Duque, y los líderes de los desplazados y pauperizados son escépticos respecto del escenario inmediato.
La mayor cantidad de muertes ocurrieron en el valle del Cauca, donde tienen una fuerte presencia la comunidades indígenas y afrocolombianas. Su suelo fértil para el cultivo de coca y sus minas de oro han despertado feroces conflictos en torno a la posesión de la tierra, por los cuales confrontan bandas criminales de diverso espectro ideológico. Los civiles se ven agobiados por las acciones avasallantes de milicias paramilitares, piratas del asfalto, narcotraficantes y ex guerrilleros que se niegan a entregar sus armas. “Así vivimos” –dice Ana Velasco, la esposa de Fernández, “estamos siendo aniquilados lentamente”.
Fernández hoy vive en Toez, una reserva indígena emplazada entre montañas donde lo protege un séquito de guardaespaldas de su tribu. Cuando abandona la reserva, a ellos se suman guardaespaldas provistos por el estado. “Mi cabeza tiene un precio, y cada día es más alto”.
Afuera de la casa un miembro de su cuerpo de guardias, llamado Jesús Bacca, equipado con un bastón y una radio, asegura que está entrenado para desbaratar a oponentes mejor equipados. “Ya hemos agarrado a unos cuantos sicarios y los entregamos a las autoridades. Si Enrique se mantiene en la línea de fuego para defender nuestros derechos es lógico que lo protejamos”.
Las bandas paramilitares vienen triunfando e imponiendo el terror en casi todo el valle, cuya hermosura no se ha visto afectada por la muerte que siembran. Se dedican básicamente al tráfico y trata de personas, la extorsión para quedarse con sus viviendas, narcomenudeo y minería ilegal. Combinan estas actividades en negocios conjuntos con las empresas de Uribe y el presidente.
A las víctimas recientes les propinan muertes cruentas y las investigaciones jamás llegan a dar con los asesinos. Matan a los más lúcidos de pensamiento, a quienes enseñan a resistir y ser perseverante en el objetivo de reclamar (y conseguir) justicia, tierra y libertad.

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